Se ha demostrado, mediante estudios sobre la calidad del agua potable que se consume en la tenencia de San Pedro Jácuaro, San Isidro Alta Huerta y comunidades aledañas, la presencia de arsénico, plomo, cadmio y mercurio en proporciones que rebasan por mucho los límites máximos permisibles a nivel nacional. Además, se han documentado múltiples escurrimientos de aguas volcánicas residuales sobre campos agrícolas.
Existe información en artículos científicos publicados en revistas internacionales desde el año 2000 y posteriormente nacionales en los años 2014, 2021 y 2022, en tesis de licenciatura y maestría, así como como en otros tipos de publicaciones. Todas las fuentes coinciden en señalar la problemática de la alta prevalencia de enfermedades renales, así como valores de concentración de elementos metálicos altamente tóxicos en el agua.
Entre los problemas sociales ocasionados se encuentra la ruina económica familiar derivada de la atención de los enfermos, visitas al médico, medicinas y tratamientos en general, así como la doble carga de trabajo para los familiares durante la enfermedad e incluso después de la muerte. Todo ello agudiza la pobreza y motiva la migración masiva, junto con la desintegración familiar.
Existen antecedentes de por lo menos tres iniciativas legislativas que han reconocido la problemática desde el 2005. Del mismo modo, hay notas periodísticas que muestran señalamientos y respuestas de funcionarios desde el año 2008. A partir de un informe de la UMSNH, en 2022 se crearon mesas interinstitucionales en las que participaron diferentes instituciones gubernamentales y educativas en reuniones de trabajo y discusión.
Exigimos:
- Que la CFE aplique medidas ecosociales necesarias para frenar y combatir de raíz la emergencia sanitaria.
- Que se garantice la atención médica gratuita y hospitales equipados para tratar el problema renal, campañas de prevención y concientización sobre la problemática, así como la reparación del daño a las familias afectadas.