El caso de la empresa Metalclad en el municipio de Guadalcázar, en el estado de San Luis Potosí, México, es la punta del iceberg de un proceso de traslado estratégico de residuos tóxicos estadounidenses ocasionado por las restricciones establecidas por las nuevas normatividades ambientales norteamericanas de 1982. Para 1989, una oscura empresa potosina denominada Confinamiento Técnico de Residuos Industriales S.A. (COTERIN) adquiere los permisos para operar en el municipio de Guadalcázar. Entre 1990 y 1991, engaña a los ejidatarios de la apartada comunidad El Huizache para emplazar 55 mil tambos con 20,500 toneladas de aceites industriales altamente peligrosos (DNAPL entre otros) en un predio denominado La Pedrera.
En 1994, apenas entra en vigor el TLCAN, la empresa norteamericana Metalclad (de California) decide comprar COTERIN y la firma estadounidense diseña un negocio de traslado masivo de sustancias altamente tóxicas de EE. UU. hacia México.
Metalclad se compromete a limpiar dicho basurero a cambio de que se le autorice la reapertura y expansión del mismo, pues pretende depositar 30,000 toneladas anuales de desechos tóxicos durante 25 años (incluyendo 750,000 toneladas de los peores venenos industriales procedentes de EE. UU.), con ganancias esperadas de 12.5 millones de dólares sólo en el primer año. Logra que las autoridades federales firmen un Convenio con COTERIN-Metalclad en noviembre de 1995 para la reapertura del basurero tóxico. Pero como ello ocurre a espaldas de las autoridades estatales y municipales, el gobierno del Estado, aprovechando un estudio ecológico sobre la región, decreta en noviembre de 1997 el lugar como el área natural protegida Real de Guadalcázar. Metalclad, amparándose en la cláusula 11 del TLCAN, contraataca en octubre de 1997 y demanda una compensación al gobierno mexicano en el Tribunal del Centro Internacional para la Resolución de Disputas en Inversión (ICSID), Al final, el Estado mexicano terminó indemnizando a Metalclad con 16,002,433 dólares.
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