La industria porcícola genera enormes desechos que provocan graves problemas ambientales y de salud, tales como: 1) altas concentraciones de nitrógeno y fósforo en el agua; 2) nitratos y patógenos; 3) exceso de nutrientes y metales pesados; 4) emisiones de gases como metano, amoníaco y ácido sulfhídrico; 5) la acumulación de cadáveres de cerdos; 6) contaminación por contaminantes emergentes, que incluye fármacos, hormonas y vacunas administradas a los cerdos desde su nacimiento para sobrevivir en condiciones de hacinamiento; y 7) gases tóxicos resultantes de la incineración de plumas en granjas avícolas, actividad estrechamente vinculada a los complejos agroindustriales de la región.
Todo esto provoca una serie de enfermedades, entre las que se incluyen infecciones gastrointestinales e intestinales, hepatitis A y E por contacto con aguas residuales o alimentos contaminados, así como infecciones respiratorias y alergias derivadas de la exposición a emisiones de amoníaco, ácido sulfhídrico, partículas biológicas y polvo de gallinaza (un subproducto de la cría porcina reutilizado como alimento para las aves). También se han observado dermatitis e infecciones cutáneas debidas a un contacto prolongado con agua contaminada o a la exposición a ambientes húmedos con carga bacteriana elevada. Asímismo, el síndrome del niño azul (metahemoglobinemia) se ha presentado debido al consumo de agua con altos niveles de nitratos, resultado de la filtración de estiércol o purines en los acuíferos. Además, se han identificado afectaciones en la salud reproductiva y materna. Es importante destacar que los niños y niñas son especialmente vulnerables a los efectos perjudiciales de plaguicidas, metales pesados, nitratos y patógenos, lo que ha derivado en problemas en su desarrollo cognitivo y neurológico, así como a impactos psicosociales y emocionales. La proximidad a granjas industriales contaminantes genera angustia, insomnio, estrés y temor debido a los olores persistentes, las enfermedades asociadas y la escasez de agua limpia.
En Yucatán, al menos 84 municipios se ven afectados por la actividad agrícola industrial, en particular la porcícola. Una de las principales empresas involucradas es Kekén, perteneciente al Grupo Porcícola Mexicano (controlado por Kuo), empresas que monopoliza la producción de carne de cerdo en la Península de Yucatán, con plantas de alimentos, granjas, rastros y tiendas de carne (Maxicarne). La mayor parte de su producción está destinada a la exportación. También destacan Granjas San Gerardo, de la familia Loret de Mola, que tiene acuerdos de aparcería con Kekén, así como Industrias Pecuarias de Yucatán (IPYSA) y otras empresas. En el ámbito avícola, Bachoco y Crí son actores relevantes en la región.
La actividad porcícola tiene un impacto devastador en las comunidades, al amenazar la continuidad de usos y costumbres locales y provocar la pérdida de actividades tradicionales y de la economía local, que incluyen la apicultura, la agricultura familiar, el turismo rural y el ecoturismo, además de contribuir a la falta de empleos de calidad, la dependencia económica y el aumento de gastos en salud y atención médica.
La lucha socioambiental en Yucatán es un fenómeno relativamente reciente, que adquirió un punto de inflexión en 2017, cuando la comunidad maya de Homún se resistió a la instalación de una megagranja porcícola. Desde entonces, la presión ejercida por los movimientos comunitarios y ambientales ha sido fundamental para abrir espacios en la agenda pública y mediática. En localidades como Sitilpech y Santa María Chi, la Profepa realizó inspecciones y, a pesar de detectar irregularidades en los permisos ambientales, no ha procedido a clausurar las instalaciones. Hemos llevado a cabo cierres simbólicos de instituciones gubernamentales, tanto estatales como federales, como la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Conagua de Yucatán, además de manifestaciones en Mérida, Hunucmá y Sitilpech para exigir soluciones.
Hasta el momento, hemos logrado importantes avances: un pronunciamiento continental de rechazo a las granjas porcícolas en Homún, declaraciones de María Luisa Albores en el sexenio pasado comprometiéndose a no autorizar más megagranjas, y un acuerdo con la Semarnat para elaborar un diagnóstico sobre la actividad porcícola en Yucatán. También hemos impulsado la creación de una Contraloría del Agua como mecanismo de contrapeso ante el poder económico de las empresas y la corrupción institucional, y estamos coordinándonos con otros colectivos a nivel nacional, como la Coordinadora Agua para Todos y la Contraloría Nacional.
Seguimos exigiendo que, en los planes de gobierno, políticas públicas, acciones gubernamentales y medidas legislativas, se reconozca a Yucatán y a la Península de Yucatán como territorios cársticos, de alta vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea y a la sobre extracción.
Para contar con una visión de todos los elementos económicos, ambientales, políticos y de salud pública que se juegan en esta región recomendamos la lectura del:
Dictamen Diagnóstico de la actividad porcícola en Yucatán, Semarnat, 2023.
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