En San José Huilango, ubicado en Cuautitlán Izcalli, edo. de México, enfrentamos un grave problema de contaminación causado por tiraderos a cielo abierto. Esta situación no solo afecta nuestro entorno natural —contaminando el aire, la tierra y las aguas federales— sino que también tiene consecuencias devastadoras para nuestra salud y la de nuestros animales. La exposición a estos desechos ha provocado un aumento en la incidencia de enfermedades graves, como problemas respiratorios, muertes súbitas de infantes, malformaciones congénitas, infecciones oculares y auditivas, dermatitis, distintos tipos de cáncer, embarazos de alto riesgo, alergias e infecciones urinarias. Estas condiciones de salud generan costos elevados para la atención médica de la población.
Desde 2010, se estableció un tiradero a cielo abierto en nuestra comunidad, en un terreno de 47 hectáreas perteneciente al Ejido Santa María Tianguistengo. Esta instalación, gestionada por la Empresa Tersa del Golfo, ha sido motivo de preocupación por las violaciones a las normas ambientales. A pesar de que diversas instancias gubernamentales han reconocido estas infracciones, al emitir sus resoluciones finales sostienen que todo se encuentra dentro de las normativas vigentes, tanto a nivel federal, gubernamental y municipal a través de las autoridades ambientales —incluidas la Secretaría de Medio Ambiente, Profepa, Propaem y la Dirección de Medio Ambiente municipal— han desestimado la conexión entre la contaminación y las enfermedades que estamos padeciendo.
La raíz de las agresiones sanitario-ambientales que sufrimos se ubica en las reformas neoliberales que hacia finales de los ochenta alcanzaron también a la vivienda de interés social, entregándola al mercado y la especulación. Al perder el Estado el control sobre la calidad y tamaño de las viviendas, las empresas constructoras emplazaron conjuntos habitacionales que ahora carecen de equipamiento y urbanización, con mala calidad de los materiales utilizados y mala construcción, violentando nuestros derechos humanos –se nos han restringido los servicios públicos como lo es el agua potable y la atención médica– y poniendo en peligro la vida, la salud y la integridad física de más de 50 mil habitantes. Las empresas –en la búsqueda de mayores ganancias– construyeron estos conjuntos habitacionales en zonas alejadas de los centros urbanos, cercanas a minas o basureros, en donde los terrenos eran más baratos. Esto, además de generar un crecimiento urbano desordenado, nos confinó a las orillas de las ciudades.
Hay dos tiraderos de basura: uno clausurado y otro en funciones de tiradero regional. El conjunto urbano se edificó en un lomerío que, por sus condiciones geológicas, era un terreno no habitable. Sin embargo, se autorizó la construcción del conjunto urbano bajo diversas condiciones que no se cumplieron, como la sustentación del suelo, sustituyendo arcillas por tepetate, lo que no se hizo nunca, mientras se simuló la construcción de muros de contención.
Los dos tiraderos de basura, la existencia de varias fallas geológicas, la inestabilidad del suelo, la mala calidad de materiales de construcción, etc. nos coloca bajo diversos tipos de riesgo de perder la vida, de sufrir daños a la integridad física, de sufrir daños a la salud o de perder nuestro patrimonio. Riesgos como el del colapso de las viviendas, el desplazamiento de las lomas, explosión de los gases de los tiraderos, exposición a agentes tóxicos, etc.
Además, hemos sido víctimas de agresiones físicas, detonaciones de armas de fuego y amenazas de muerte, así como la instigación a terceros para atacar a quienes se atreven a denunciar la situación. Nos sentimos marginados y tratados como una población desechable. A pesar de esto, hemos continuado luchando a través de denuncias administrativas, campañas en medios y redes sociales, así como amparos y juicios administrativos que buscan revertir esta situación insostenible.
Por todo lo anterior, exigimos la inmediata descontaminación de las áreas afectadas y el acceso a atención médica gratuita y especializada como un derecho constitucional y un principio de justicia resarcitoria.
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