En la Cuenca Libres-Oriental existe un conjunto de empresas industriales que han generado serias problemáticas de despojo, privatización y devastación socioambiental. Estas empresas incluyen megagranjas porcinas que operan en toda la región, el complejo automotriz asociado a la empresa alemana Audi en San José Chiapa y áreas circundantes, y un complejo industrial militar en Oriental. Además, se encuentran las instalaciones fotovoltaicas de las españolas X-ELIO e Iberdrola en Perote y Cuyoaco, respectivamente; la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma en Rafael Lara Grajales; y la actividad agropecuaria de empresas como Latin Berry Plants y Driscoll’s, vinculadas a terratenientes de la oligarquía local. También se presentan actividades de minería no metálica en localidades como Oriental, Tepeyahualco, Zacatepec, Guadalupe Victoria y Perote, así como el uso de diversas geotecnologías, como los cañones antigranizo, que alteran el ciclo hidrológico en toda la cuenca.
Los agentes contaminantes relacionados con estas industrias incluyen glifosato, agrotóxicos, efluentes de las granjas porcinas que se infiltran en los acuíferos, metales pesados (como cobre, zinc y arsénico) y residuos de fármacos utilizados en la industria porcina (como clortetraciclina, tiamulina y tilosina). La intensa contaminación ha provocado la muerte de bosques debido a plagas y tala de árboles, la extinción de abejas polinizadoras por el uso de agrotóxicos y por la operación de granjas porcinas, la muerte de peces en lagos, y la contaminación de acuíferos, lo que ha llevado a su acaparamiento, sobreexplotación y posible agotamiento.
Estas prácticas han desencadenado graves problemas de salud en la población, incluyendo el brote inicial de la influenza porcina H1N1, así como un aumento en casos de cáncer, enfermedades renales, trastornos digestivos, respiratorios y dermatológicos, y diabetes.
La Cuenca Libres-Oriental abarca diversos municipios de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, incluyendo Aljojuca, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Guadalupe Victoria, entre otros. En esta región habitan comunidades nahuas y otomíes que también están afectadas por estas problemáticas, así como por el ya mencionado uso de cañones antigranizo, que ha generado efectos económicos negativos, ya que inhibe la lluvia vital para miles de familias campesinas que dependen del ciclo agrícola.
A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno estatal ha minimizado la contaminación. Aunque ha habido varias reuniones de negociación con las autoridades, los acuerdos alcanzados no se han traducido en resultados concretos. En cambio, se ha intensificado un proceso de división y represión contra el movimiento que defiende la cuenca. Un trágico ejemplo ocurrió en Totalco (Veracruz) en 2024, donde el movimiento fue reprimido y dos campesinos de la zona fueron asesinados sin que, hasta la fecha, se haya hecho justicia. Las empresas involucradas también han negado las afectaciones y han contribuido directamente a la represión, como es el caso de Granjas Carroll de México, que tiene un historial de persecución, intimidación y criminalización de líderes sociales. Por su parte, las autoridades locales suelen ignorar estas problemáticas, alineándose con los intereses de las empresas.
Exigimos que se aplique la legislación vigente que prohíbe el uso de cañones antigranizo en Puebla, Veracruz y Tlaxcala, así como que se sancione a empresas contaminantes como Granjas Carroll.
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