México (edo.)
Notas periodísticas, comunicados y pronunciamientos
Los Ailes: vivir entre la basura de la Ciudad de México
Basureros en San Francisco Tepojaco, Cuatitlán Izcalli, edo. de México
En San José Huilango, ubicado en Cuautitlán Izcalli, edo. de México, enfrentamos un grave problema de contaminación causado por tiraderos a cielo abierto. Esta situación no solo afecta nuestro entorno natural —contaminando el aire, la tierra y las aguas federales— sino que también tiene consecuencias devastadoras para nuestra salud y la de nuestros animales. La exposición a estos desechos ha provocado un aumento en la incidencia de enfermedades graves, como problemas respiratorios, muertes súbitas de infantes, malformaciones congénitas, infecciones oculares y auditivas, dermatitis, distintos tipos de cáncer, embarazos de alto riesgo, alergias e infecciones urinarias. Estas condiciones de salud generan costos elevados para la atención médica de la población.
Desde 2010, se estableció un tiradero a cielo abierto en nuestra comunidad, en un terreno de 47 hectáreas perteneciente al Ejido Santa María Tianguistengo. Esta instalación, gestionada por la Empresa Tersa del Golfo, ha sido motivo de preocupación por las violaciones a las normas ambientales. A pesar de que diversas instancias gubernamentales han reconocido estas infracciones, al emitir sus resoluciones finales sostienen que todo se encuentra dentro de las normativas vigentes, tanto a nivel federal, gubernamental y municipal a través de las autoridades ambientales —incluidas la Secretaría de Medio Ambiente, Profepa, Propaem y la Dirección de Medio Ambiente municipal— han desestimado la conexión entre la contaminación y las enfermedades que estamos padeciendo.
La raíz de las agresiones sanitario-ambientales que sufrimos se ubica en las reformas neoliberales que hacia finales de los ochenta alcanzaron también a la vivienda de interés social, entregándola al mercado y la especulación. Al perder el Estado el control sobre la calidad y tamaño de las viviendas, las empresas constructoras emplazaron conjuntos habitacionales que ahora carecen de equipamiento y urbanización, con mala calidad de los materiales utilizados y mala construcción, violentando nuestros derechos humanos –se nos han restringido los servicios públicos como lo es el agua potable y la atención médica– y poniendo en peligro la vida, la salud y la integridad física de más de 50 mil habitantes. Las empresas –en la búsqueda de mayores ganancias– construyeron estos conjuntos habitacionales en zonas alejadas de los centros urbanos, cercanas a minas o basureros, en donde los terrenos eran más baratos. Esto, además de generar un crecimiento urbano desordenado, nos confinó a las orillas de las ciudades.
Hay dos tiraderos de basura: uno clausurado y otro en funciones de tiradero regional. El conjunto urbano se edificó en un lomerío que, por sus condiciones geológicas, era un terreno no habitable. Sin embargo, se autorizó la construcción del conjunto urbano bajo diversas condiciones que no se cumplieron, como la sustentación del suelo, sustituyendo arcillas por tepetate, lo que no se hizo nunca, mientras se simuló la construcción de muros de contención.
Los dos tiraderos de basura, la existencia de varias fallas geológicas, la inestabilidad del suelo, la mala calidad de materiales de construcción, etc. nos coloca bajo diversos tipos de riesgo de perder la vida, de sufrir daños a la integridad física, de sufrir daños a la salud o de perder nuestro patrimonio. Riesgos como el del colapso de las viviendas, el desplazamiento de las lomas, explosión de los gases de los tiraderos, exposición a agentes tóxicos, etc.
Además, hemos sido víctimas de agresiones físicas, detonaciones de armas de fuego y amenazas de muerte, así como la instigación a terceros para atacar a quienes se atreven a denunciar la situación. Nos sentimos marginados y tratados como una población desechable. A pesar de esto, hemos continuado luchando a través de denuncias administrativas, campañas en medios y redes sociales, así como amparos y juicios administrativos que buscan revertir esta situación insostenible.
Por todo lo anterior, exigimos la inmediata descontaminación de las áreas afectadas y el acceso a atención médica gratuita y especializada como un derecho constitucional y un principio de justicia resarcitoria.
Noticias y pronunciamientos sobre este conflicto:
Noticias y pronunciamientos sobre este conflicto:
Apaxco "zona de sacrificio"
Dr. Paul Connet en Apaxco, México | Incineración y CoProcesamiento de Residuos
Cementeras y marmoleras volvieron Apaxco un "infierno ambiental" lleno de enfermedad
Reportaje sobre el conflicto contra Ecoltec Geocycle, filial de la cementera Holcim Lafarge Cementos Apasco
Certifica Greenpeace a Ecoltec como empresa sucia
Vivienda, basura y afectaciones a la salud en el norponiente de la zona metropolitana de la Ciudad de México
Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) Región Tolteca, Hidalgo y edo. de México
En el Estado de Hidalgo, específicamente en los municipios de Atitalaquia, Atotonilco y Tula, así como en Apaxco, Estado de México, convergen múltiples procesos contaminantes. En esta región existe la presencia de la industria petrolera, plantas de energía eléctrica, siete cementeras, minería a cielo abierto (especialmente de piedra caliza y arcillas utilizadas en construcción), así como el uso de agroquímicos y cultivos transgénicos. Estan concentradas en ocho corredores industriales y numerosas naves no incluidas en esos corredores. En el corredor Tula-Atitalaquia-Apaxco se encuentran alrededor de 350 industrias que generan la mayoría de la contaminación local, incluyendo tres plantas de agroquímicos, empresas alimentarias, de materiales de construcción y farmacéuticas, así como una cerillera, entre otras.
Además, el problema de la contaminación se ve agravado por el vertido de aguas negras provenientes de la Ciudad y Valle de México, que fluyen a través de tres principales canales. Uno de estos canales, las barrancas del municipio de Hueypoxtla, Estado de México, alimenta el Río Salado. Otro, conocido como El Gran Canal, transporta aguas residuales e industriales hasta el municipio de Tequixquiac, Estado de México, donde finalmente desemboca en el Río Salado, que continúa su curso a través del Estado de Hidalgo.
Como resultado de esta situación, en la región se generan diversas sustancias químicas tóxicas, entre ellas dioxinas, furanos, policloro bifenilos, metales pesados, material particulado (PM-10 y PM2.5), compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos, dióxido de azufre y gases de efecto invernadero como el CO2 y el metano. Esta contaminación ha provocado la erosión del suelo, la pérdida de vegetación y la desertificación, afectando gravemente la biodiversidad y los sistemas hídricos.
La exposición a estos contaminantes ha conducido al aumento de diferentes tipos de cáncer, como leucemias (especialmente en la población infantil), cáncer de pulmón, de mama, cervicouterino, de tiroides y de pleura. También ha generado enfermedades pulmonares como la bronquitis crónica y la EPOC, problemas cardiovasculares, malformaciones congénitas, disrupciones endocrinas, abortos espontáneos, insuficiencia renal crónica, infertilidad, demencia y partos prematuros, así como problemas neurológicos.
En 2022, se intentó implementar el proyecto de la planta Esmex, que procesaría 500 toneladas diarias de basura sin contar con la infraestructura adecuada para su funcionamiento. Tras varias manifestaciones y la trágica muerte del compañero Jesús Bañuelos Acevedo, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), decidió clausurar la planta. Sin embargo, los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo con la secretaría no se han cumplido. Lamentablemente, en febrero de 2023, otro defensor del territorio, Abisai Pérez Romero, fue asesinado.
Por nuestra parte, hemos participado en el Foro con Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) en América Latina en 2016 y 2018, con especial énfasis en el 3er Encuentro Internacional contra la Incineración de Residuos en noviembre, que reunió a organizaciones de Europa (Italia y España) y de América Latina (Ecuador, Argentina, El Salvador y Chile). También hemos puesto en marcha un proyecto de "basura cero", que promueve la separación de residuos en diversas colonias de Apaxco, incluyendo escuelas primarias, secundarias y de nivel medio superior.
El colectivo de comunidades en defensa de la vida demanda lo siguiente:
Dado que la termoeléctrica opera con un sistema combinado, utilizando combustóleo pesado que provoca altas concentraciones de dióxido de azufre y graves impactos en la salud, proponemos su conversión a gas natural, lo que reduciría significativamente la contaminación.
Respecto a las siete plantas de cemento que incineran residuos peligrosos y sólidos urbanos, exigimos la prohibición de su co-procesamiento e incineración.
Denunciamos la normativa ambiental en el país, que es insuficiente y frecuentemente no se cumple. Por ello, solicitamos que las autoridades de los tres niveles de gobierno intervengan para regular adecuadamente a las industrias.
Demandamos que se cumpla el compromiso del gobierno federal para el saneamiento de los Ríos salado y Rio Tula